Como comentábamos en la anterior información, España es el único país de la UE que cultiva maíz transgénico a gran escala. Otros países como Austria, Alemania, Bulgaria, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia o Polonia prohiben su cultivo basándose en evidencias científicas sobre sus impactos ambientales, la imposibilidad de evitar la contaminación genética de otros cultivos y sus posibles daños a la salud.
El Gobierno hace recaer la responsabilidad de sus decisiones en la Comisión Nacional de Bioseguridad, un cuerpo supuestamente científico en el que, según Amigos de la Tierra, sólo hay siete representantes científicos de un total de 46 miembros. Muchos de ellos han manifestado en público ser defensores de los transgénicos, con relaciones cercanas a esta industria, a sus fundaciones y lobbies. Entre los representantes de la Administración dentro de la Comisión, también hay algunos que mantienen una relación estrecha con la industria.
El apoyo del Ministerio a las compañías de transgénicos genera numerosas protestas desde las organizaciones de la sociedad civil. Y cuando estas opiniones molestan en los organismos de participación, el Ministerio hace lo posible por ponerles fin. Es el caso del Grupo de Trabajo sobre Transgénicos del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), donde están representadas las cinco asociaciones ecologistas estatales, sindicatos, asociaciones agrarias y tan sólo dos representantes empresariales. Tras una reunión donde el Gobierno decidió invitar a todas las asociaciones empresariales que ejercen de lobby a favor de los transgénicos, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha creado otro organismo de participación, donde se rebaja la presencia de las organizaciones ecologistas y se incrementa la de la industria.
Otro claro ejemplo de la vinculación y total apoyo del Gobierno a la industria es el regreso al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de uno de los principales responsables de la introducción de los transgénicos en España bajo la administración del PP. Martín Fernández de Gorostiza, en aquel momento Director de la Oficina Española de Variedades Vegetales, fue denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente por una coalición de organizaciones sociales (entre ellas Amigos de la Tierra y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos -COAG-) por compatibilizar cargos en el Ministerio de Agricultura con la coordinación del Observatorio de Biotecnología del Foro Agrario, una organización de promoción de los transgénicos ligada a la Fundación Antama, que ejerce de lobby y relaciones públicas de las multinacionales de los transgénicos, como Monsanto y Syngenta. Esta denuncia le forzó a abandonar el Ministerio. Pero la ministra Elena Espinosa, según Amigos de la Tierra, le ha recuperado para trabajar en temas de agricultura ecológica.
Más info: En el libro Conspiraciones tóxicas. Cómo atentan contra nuestra salud y el medio ambiente los grupos empresariales.
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